17 Jun La ley de Economía Social y Solidaria da el primer paso en el Parlament de Cataluña
El proyecto de ley de Economía Social y Solidaria, aprobado por el gobierno el pasado mes de enero, superó una enmienda a la totalidad en el Parlament de Cataluña y continua con su tramitación.
La nueva regulación permitirá establecer el marco jurídico común de la Economía Social y Solidaria, entendida como la formada por empresas, organizaciones y entidades que llevan a cabo actividades socioempresariales e iniciativas comunitarias basadas en la primacía de las personas y el interés colectivo o general por encima del lucro económico.
El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, defendió en el Parlament que “la futura ley de la Economía Social y Solidaria es clave para impulsar el peso de este sector en la economía catalana”. En este sentido, Sàmper también afirmó que “la futura ley es pionera en Cataluña y está diseñada para establecer un marco jurídico sólido para que la Economía Social y Solidaria crezca progresivamente y contribuya a hacer avanzar el modelo económico catalán hacia un modelo basado en la pluralidad y la democracia y centrado en las personas”.
El proyecto de ley actual es el resultado de la colaboración del sector de la Economía Social y Solidaria, agrupado en la Associació de l’Economia Social de Catalunya (AESCAT), que en 2020 elaboró y aprobó un documento de bases de la ley que ha servido de referencia. Este texto establece algunas de las bases que deben tenerse en cuenta para que una entidad jurídica pueda ser reconocida como Economía Social y Solidaria: el interés general, el bien común, la transformación social y feminista, las relaciones laborales justas o el compromiso ecologista, entre otras.
El proyecto prevé, además, la creación del Consejo Catalán de la Economía Social y Solidaria, un órgano consultivo, de asesoramiento, análisis y debate de los temas relacionados con el sector. Entre las funciones de este consejo estará el diagnóstico del sector en Cataluña o la propuesta de un Plan Nacional de la Economía Social y Solidaria.
A partir de ahora, el proyecto continúa y debe pasar por diversos procesos administrativos, como las comparecencias parlamentarias o la presentación de enmiendas al articulado. La tramitación podría alargarse hasta 2026.