Aprobado el Pacto Nacional para los derechos de las personas con discapacidades

El Pacto Nacional para los derechos de las personas con discapacidades quedó aprobado el pasado 5 de marzo en un acto en el Palau de la Generalitat, después de un largo proceso de participación y coordinación entre entidades del sector, administraciones públicas, grupos parlamentarios, voces expertas, sindicatos y patronal. El objetivo de este pacto es abordar los retos que afronta la población con discapacidad, de acuerdo con los mandatos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades.

El acuerdo se fundamenta en 262 retos y 12 objetivos principales: inclusión y accesibilidad universal, servicios de atención integral, promoción de la autonomía personal, formación e inserción laboral, protección de los derechos fundamentales, participación activa en la sociedad, educación inclusiva, coordinación interdepartamental, desinstitucionalización y vida en la comunidad, sensibilización y formación, financiación sostenible del sistema, y acceso al ocio y al deporte. Las propuestas del plan se han desarrollado a partir de seis grupos de trabajo que han abordado aspectos estratégicos como accesibilidad y movilidad, educación, salud o inserción laboral. En total, han participado 153 personas que han mantenido 41 reuniones.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, presidió el acto y declaró que “este pacto no es un punto de llegada, es más un punto de salida. Tenemos trabajo por delante”. Además, el líder del ejecutivo remarcó la importancia de continuar trabajando para cumplir los objetivos que marca el acuerdo: “no servirá decir que hemos firmado el pacto y hemos acabado. Al contrario, es necesario, una vez firmado, cumplirlo, recorrer toda la hoja de ruta que nos marca el pacto”. 

Según el departamento de Drets Socials i Inclusió, en el 2024 en Cataluña había 720.266 personas discapacitadas. Este dato supone casi un 9% de la población general. Estas personas tienen diferentes tipos de discapacidades (intelectuales, sensoriales, físicas…), edades diferentes y también grados de discapacidad diferentes. Es, por lo tanto, un colectivo diverso que merece una legislación representativa e inclusiva.